El complicado entorno del autónomo
Las cifras son siempre las que otorgan o quitan razones, y en este caso, los números cantan: el 80% de nuestro entorno productivo está en manos de los autónomos que, por si fuera poco, generan cuatro millones de empleos y uno de cada cuatro de los puestos de trabajo nuevos que se generan en la actualidad.
Pero pese a todo ese peso económico y social, seguimos hablando de un numeroso colectivo que sigue estando pendiente de muchos y pequeños hilos cuya rotura puede ocasionarles perjuicios de variada índole y muy perniciosos para nuestra economía.
Aunque desde diferentes colectivos se sigue reclamando una urgente reforma de la Ley del Trabajo Autónomo, sólo escuchamos diferentes propuestas sin concretar, que emanan de diferentes partidos políticos y algunas asociaciones representativas que velan por sus intereses como ATA. No se trata de pegar palos de ciego, sino de fijar una serie de objetivos y aunar esfuerzos y criterios para alcanzarlos, logrando afianzar este gran colectivo y no traerlo por la calle de la amargura cada vez que se les nombra.
Hay una gran cantidad de temas sobre la mesa que deben abordarse sin mayor demora: la reforma del sistema de pensiones, la ley de la segunda oportunidad, el sistema de formación, las cotizaciones y prestaciones de los autónomos societarios, y un largo etc.
Algunas han sido las medidas puestas en marcha por el gobierno que han tratado de colaborar a la aparición de nuevos autónomos. La tarifa plana para los recién incorporados que reúnen ciertos requisitos no sólo ha generado un gran número de nuevos empresarios, sino que también ha contribuido a aflorar una ingente cantidad de personas que se movían en la economía sumergida. Pero esas medidas son insuficientes y deben ser corroboradas con otras de índole autonómica que ayuden a mantener el ritmo de creación de nuevos autónomos en determinadas zonas de nuestra geografía endémicamente deprimidas en lo que se refiere a economía y a emprendimiento.
El gobierno, en su afán recaudatorio para cuadrar los presupuestos y buscar los apoyos que le faltan para aprobarlo, ha optado por una subida del 8% del SMI, lo que significa ni más ni menos, que un sobrecoste anual para cada autónomo de más de 320 euros. Y no contento con dicha medida, ha trasladado la misma a un apartado especial de los autónomos ya de por sí, bastante perjudicado, como son los administradores societarios, cuya base de cotización es bastante superior a la de un autónomo normal. Eso sí, sin previo aviso y con un solo objetivo: aumentar la recaudación de cuotas para la seguridad social, y abrir de nuevo el debate sempiterno de la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones.
¿Gana más un autónomo societario que un autónomo independiente? Luz y taquígrafos para demostrarlo, y si es así, reforma al canto y subida de las cotizaciones. Pero me temo (y son muchos años de experiencia profesional en ese sentido) que, a nivel de calle, eso sólo ocurre en las medianas y grandes empresas, y en esos casos, seguramente dicho incremento de cotizaciones no es necesario, y, además, supone una cantidad insignificante en las finanzas de dichas empresas.
Para cuestionar dicha subida sería necesario conocer la realidad productiva y fiscal de nuestras pymes, o lo que es lo mismo, bajar al barro y ver de cerca todas esas empresas. Los toros desde la barrera son muy fáciles de ver, pero otra cosa es bajar al albero para lidiar al morlaco de la dura realidad diaria de millones de autónomos.
Cientos de miles de carpinteros, fontaneros, electricistas, y decenas de operarios manuales y productivos, que un día, y por muy variados motivos (protección del patrimonio personal, abordar proyectos nuevos con otros compañeros de viaje, o simplemente, por imposición de la central para la que trabajaban y de la que dependía su facturación), debieron optar en su momento, por la fórmula mercantil societaria, han visto cómo sus cotizaciones han subido sin justificación alguna (no tenían la base mínima sino una superior), y además siguen soportando unas retenciones muy superiores a trabajadores por cuenta ajena que perciben retribuciones similares.
Creemos que no basta con medidas sueltas y sin enlace alguno para contentar a unos y a otros. Debe abordarse de raíz un verdadero debate sobre cómo queremos mantener el sistema y lo que es más importante, cómo y de dónde recaudar lo preciso para que sobreviva. Aquí no hay buenos ni malos, sólo cotizantes (empresas, trabajadores y autónomos) que deben aportar a un sistema que ha funcionado más o menos hasta ahora, los medios económicos precisos para su supervivencia y mantenimiento en unas condiciones adecuadas para nuestro futuro en el plazo más largo posible.
El rumbo emprendido es difuso y además con ajustes e invenciones a bote pronto que en nada contribuyen a realizar un esquema definido de la realidad, como reflejan los hechos:
- La polémica de los aplazamientos tributarios. Ahora no, luego tal vez, y ante el revuelo, lo dejamos más o menos como estaba.
- Se convoca a la patronal y a los sindicatos para hablar del mercado de trabajo y del sistema de pensiones, pero no se convoca a las organizaciones de autónomos que representan a tan numeroso colectivo.
- Se pone en marcha y a la carrera el SII, para meterlo en medio de un año fiscal con los problemas que ello conlleva de índole organizativa, administrativa e informática. Más o menos como cuando se cambiaron las retenciones a mitad de un mes, y además en pleno período de presentación de liquidaciones fiscales.
Hay muchas reformas que abordar para facilitar y dinamizar de una vez por todas, el verdadero potencial de este colectivo y de todas las pymes de nuestro país. El debate está abierto y ahora hace falta aportar ideas que sean viables, no de cara a la galería ni al electorado.
En otros países, el empresario es una especie protegida, mientras que en nuestra piel de toro es casi una amenaza para ciertos colectivos. De todos depende que dicha opinión cambie y se vele por su crecimiento y supervivencia. En ello nos jugamos gran parte de nuestro futuro.
